MILITARES PRESOS SON PRESOS POLÍTICOS

MILITARES PRESOS SON PRESOS POLÍTICOS


Ricardo Puentes Melo
Por Ricardo Puentes Melo

Hay tres clases de justicia que tienen control -se quiera o no- de todo el ámbito humano: La justicia divina, la justicia natural y la justicia política que es la misma humana.

Mientras que la justicia divina y la natural son inmutables, la justicia política varía de acuerdo a las necesidades de la sociedad, para su protección y supervivencia.

Así, las leyes humanas no son inmutables sino que se constituyen en pactos hechos entre personas libres que se reúnen como nación; pactos que algunas naciones han desarrollado inteligentemente sin esperar a que la inmediatez de los problemas los alcancen, sino que son previstos mucho antes de que tal cosa suceda. Las leyes permiten que las personas independientes y libres vivan en sociedad, respetando la libertad del otro. Esa suma de libertades individuales, con respeto a la ajena, es lo que garantiza un Estado de Derecho donde el bienestar general prime sobre el individual, sin que esto signifique una anulación de la propia libertad.

Eso quiere decir que las leyes deben ser elaboradas pensando en el bienestar de una mayoría, y no en el capricho de unos pocos. Y también significa que los castigos para las violaciones a estas leyes deben garantizar que no se cometan delitos y, si se da el caso, que las penas sean tengan proporcionalidad al daño que se cause a la sociedad.

Significa esto que el daño hecho a la sociedad es la verdadera medida para catalogar el delito y aplicar la pena. Es simple.

Pero en Colombia sucede todo lo contrario. Los defensores de la sociedad son castigados por obedecer el sagrado deber constitucional de proteger la nación, mientras que los ofensores, los delincuentes enemigos de la sociedad son premiados. Y lo más grave, estos últimos son quienes interpretan las leyes en contravía del bienestar de la sociedad y en contubernio con quienes pretenden destruir la nación.



Los bandidos legislando.. El diablo haciendo ostias
Mientras que a un soldado que da de baja a un terrorista se le aplican penas de 40 años por el solo hecho de no haber producido la baja bajo ciertas reglas inventadas recientemente por la minoría que busca el exterminio de nuestros protectores, a un terrorista que masacra poblaciones enteras lo indultan y, de paso, le enciman millones de pesos, becas de estudio es instituciones castrenses (qué ironía..!), vivienda gratis, condiciones especiales para ser elegidos en cargos de elección popular; mientras los grandes medios de comunicación convierten a los criminales en vedettes, cumbres morales de la patria, y hasta editorialistas de esos mismos medios, a los militares los hunden en el ostracismo después de escupirlos públicamente, de injuriarlos y de ponerlos en el paredón para que la opinión, engañada, desahogue sobre ellos toda la furia que los bandidos han sabido alimentar usando –precisamente- los medios y la justicia politizada.

Los grandes medios de comunicación (El Tiempo, El Espectador, Semana, Caracol, RCN), de propiedad de quienes monopolizan todo –hasta la administración de la justicia- han dedicado todos sus esfuerzos para aniquilar moralmente a quienes están del lado de la sociedad, defendiéndola de cualquier forma de opresión. Esos medios son instrumento y propiedad de los bandidos de cuello blanco que diseñan las leyes y ejecutan las penas; esos medios son de propiedad de los verdaderos enemigos del país, de aquellos que hacen alianzas con la mafia, con el terrorismo o con quien sea, siempre y cuando tales acuerdos engorden sus cajas fuertes y prolonguen la ignorancia del pueblo, que es el sacrificado de la ambición desmedida de los poderosos.

Estos grandes medios son de propiedad de las familias que han ordeñado a los colombianos durante los últimos 150 años: Los Santos, los López y los Santodomingo, y todos tienen en común al padrino de la gran mafia narcomasónica: Ernesto Samper Pizano, ayudado por una extensa parentela con innegables dotes de comunicación circense.

¿A qué viene todo esto?

A las afirmaciones mentirosas que ha publicado la revista Semana, de propiedad de los López y dirigida por Alejandro Santos Rubino, sobrino del camarada presidente Juan Manuel, e hijo del comunista y amigo de Tirofijo, Enrique Santos.



Alejandro Santos, Ernesto Samper y Antonio Navarro Wolf. Dios los cría y ellos se juntan
Dice la revista Semana que peligrosos delincuentes (se refiere a los militares), autores de crímenes de lesa humanidad, están recluidos en una especie de hotel de cinco estrellas a la que denominan: “Tolemaida Resort”.

Decidí viajar allí para constatar lo dicho por Semana, aunque esperaba confirmar que Semana seguía difamando porque esa es su esencia.

Asegura Semana que los reclusos militares tienen un negocio fabuloso allí, de millones de millones.

Falso. Los “negocios multimillonarios” de que habla Semana no son más que ventas de huevos, arepas y otras cosas similares. Y no son negocios de los reclusos sino de las familias de ellos que se han visto obligadas a recurrir a esto para poder subsistir. Luchan por una supervivencia en vista de que el Estado no sólo les da la espalda sino que les niegan el derecho al debido proceso y la legítima defensa.

Habla Semana de que el Coronel Hincapié es una especie de “coordinador de teléfonos”, y asegura que hay un soldado que vive en Melgar y tiene una panadería allá. Puras mentiras.

No contentos con eso, la revista que dirige el hijo del amigo de Tirofijo dice que los kioskos son regalados por generales como Montoya o González (y otros más) para sobornar a los reclusos y evitar que cuenten de los supuestos crímenes de los superiores. ¡Una infamia! Los kioskos fueron construidos por los mismos internos, con su trabajo y su dinero, y con permiso del director del centro de reclusión.

Otra mentira de Semana que escandalizó a la opinión es que asegura que los reclusos siguen recibiendo salario del ejército. La verdad es que hay personas que están pensionadas allí, por invalidez… por estar amputadas de piernas y manos en defensa nuestra; son héroes de guerra que han sido víctimas de los terroristas que hoy legislan desde el Congreso o dirigen ONG de Derechos Humanos, o son columnistas de esta gran prensa mentirosa. Son soldados amputados que suman a su desgracia una persecución jurídica con el silencio o la complicidad de algunos mandos que no quieren arriesgar su cargo o que planean su ascenso usando como escaño la sangre y el dolor de estos valientes tratados como escoria.



Las FARC atacan con dinamita a Buenaventura el 24 de marzo de 2010, asesinando civiles y militares. Las ONG de DD.HH y los grandes medios de comunicación guardan silencio, como siempre hacen frente a los crímenes de la narcoguerrilla
Semana sabía muy bien que quienes recibían pensión eran estos soldados amputados, pero guardó malévolamente esta información. Tomó fotos de los discapacitados pero no las publicó. Típica perversidad de quienes aplauden a los ideólogos de las minas quiebrapatas.

Los kioskos fueron construidos para atender a las familias de los reclusos, aquellas que viajaban desde muy lejos y que carecían de dineros para hospedarse en hoteles cercanos. Semana aseguró que estos kioskos eran burdeles y discotecas controlados por el Mayor Juan Carlos Rodríguez y el Mayor Maldonado (otra mentira de la que nos ocuparemos en un capítulo aparte). Nadie ha vivido en los kioskos.. Todos duermen en sus celdas, como pudimos comprobarlo.

Semana también ve “horroroso” que los reclusos posean televisor y cama medio confortable. Considera la revista que dirige el hijo del amigo de Tirofijo, que los militares deben estar en mazmorras, con grilletes y seguramente azotados cuatro veces al día. Pero calla esta revista ante los nexos de sus amigos (incluso uno que otro de sus columnistas) con los terroristas de las FARC; callan ante las masacres cometidas por la guerrilla, callan ante la sevicia con que incineran vivos a policías y militares, callan cuando los descuartizan vivos, callan cuando los hacen volar en mil pedazos, callan cuando asesinan y violan niños y mujeres. Para Semana está mal que un soldado dé de baja a un guerrillero sin uniforme, pero seguramente le parece regio que un miliciano coloque bombas o se dedique a hacer inteligencia para pasar datos a quienes ejecutan los secuestros, masacres y extorsiones.

Todos los reclusos del mundo tienen derecho a tener un televisor y ser tratados dignamente en sus sitios de pena. Todos, excepto los militares, según Semana.

Y, ojo… no hay que olvidar que más del 95% de los militares presos, lo están por actos de servicio, es decir, por irregularidades en combate.

Algo que mucha gente ignora –gracias a los medios de comunicación mencionados- es que los mal llamados falsos positivos no son asesinatos cometidos en personas de bien (para ganar un permiso de vacaciones), sino bajas irregulares del enemigo. Me explico con un ejemplo: Un militar que dé de baja a un bandido, con más de dos disparos, inmediatamente es acusado de “sevicia”, y puede ser judicializado.

Los amigos de la subversión lograron que el ejército dejara de ser dotado con armas de municiones calibre 7.62mm y bajaran a calibre 5.56mm. Las ONG de izquierda consiguieron que entidades internacionales afines presionaran a Colombia para bajar el calibre del ejército de 7.62 a 5.56 disque para “humanizar la guerra”.

Resulta que mientras un disparo con munición 7.62 es letal, con calibre 5.56 no es mortal a menos que se impacte en puntos vitales, como el cráneo. El guerrillero que recibe un disparo con 7.62 cae inmediatamente, pero quien recibe uno calibre 5.56 no cae, a menos que lo llenen de disparos. Pero esto es lo que se prohíbe. Se obliga al soldado a que dispare a gran distancia atinando en un punto vital, y que impacte máximo dos disparos a cada enemigo. Si impacta tres, ya es judicializado por sevicia.



Cuando un militar es asesinado por las FARC, sus compañeros deben meterlo en bolsas plásticas, como un animal; cuando muere un terrorista, el cadáver debe ser custodiado, no debe ser movido, mientras llega la Fiscalía con todo un equipo de gente para el levantamiento
Sin embargo, estas mismas ONG de Derechos Humanos, no dicen nada porque la guerrilla sí usa calibre 7.62, además de minas antipersona, cilindros, bombas, burros-bomba, niños-bomba, y otras barbaridades. Mientras un soldado es puesto preso por dar de baja a un bandido con más de dos balazos, a un guerrillero lo convierten en senador de la República, gobernador de Nariño o candidato presidencial por ordenar masacres, torturar, descuartizar, secuestrar y quemar vivos a magistrados de la Corte Suprema. Mientras a los soldados se les prohíbe el derecho a la defensa y a la libre reunión, a los bandidos se les patrocinan sus partidos políticos con condiciones especiales para que puedan salir elegidos con un número de votos ridículamente bajo. Mientras a los militares se les coarta su derecho a la opinión, a los bandidos los pusieron a redactar la Carta Constitucional que luego les permitiría blindarse y, al mismo tiempo, atacar al ejército desde los estrados judiciales.

Mientras el Coronel Plazas Vega, héroe de la patria que nos salvó de la dictadura comunista, le imponen cadena perpetua por crímenes que no cometió, valiéndose de testigos inexistentes, a los homicidas del M-19 y los narcos que les ayudaron les concedieron dinero, puestos diplomáticos, personería jurídica para su grupos políticos (hoy Polo Democrático y Partido Verde), noticieros de televisión, becas y pensiones millonarias que hoy siguen recibiendo.

Mientras que el general Rito Alejo del Río está a punto de ser condenado por declaraciones “de oídas” de Gloria Cuartas –probadamente socia de las FARC-, y del coronel Velásquez, un militar indigno que proveía de permisos para armamentos a guerrilleros y sicarios milicianos, además del pequeño detalle de ser hermano de Adriana Velásquez, una terrorista del M-19, estos dos oscuros personajes celebran sus victorias junto al cura Giraldo aplaudidos por ONG europeas proclives a las FARC.

Mientras que el almirante Arango Bacci fue acusado de narcotraficante (por fortuna probó su inocencia), uno de quienes lo difamaron hoy está en camino a ser almirante de la Armada, mientras el otro es presidente de la República.

Los bandidos hoy controlan todo el aparato de la Justicia –salvo algunos casos puntuales-, el legislativo y el ejecutivo. Y el ejército está en la mira de ellos.

Si no hacemos algo, pronto tendremos un ejército que lance vivas a Chávez (como ya hay algunos oficiales que lo hacen), e imponiéndonos por la fuerza el comunismo castrista. Si no hacemos algo, los hombres rectos de nuestro ejército seguirán en fila hacia las cárceles mientras que los oficiales corruptos pasan al mando de la tropa.

Si la Reserva Activa del ejército sigue alternando el silencio cómplice con la búsqueda de contratos, Colombia –el último reducto de la resistencia comunista en Latinoamérica- caerá de rodillas frente a Cuba y Venezuela. Que los comunicados de la Reserva Activa no sean casos de esporádicos entusiastas, sino una consecuencia de la concientización y conocimiento de la guerra jurídica, de la guerra irregular de que es víctima el ejército.

A los reclusos que aceptan con gallardía sus condenas infames e injustas no les está quedando otro camino que la desobediencia civil o la huelga de hambre.

A nosotros, los civiles que hemos sido protegidos por nuestro ejército, nos queda la salida de una reforma Constitucional para acabar con la vagabundería criminal de las Cortes.

Porque, que lo sepa Colombia, los militares privados de su libertad no son más que presos políticos. Ojalá cuando decidamos solidarizarnos con ellos, no sea demasiado tarde.

Empecemos a trabajar por una reforma Constitucional. Pero ya, mientras no sea tarde.