Inpec asegura que la cárcel militar de Tolemaida no es un "resort"
El director del Inpec, general Gustavo Adolfo Ricaurte Tapia, luego de conocer el sitio de reclusión para integrantes de las Fuerzas Militares, dijo que son más lujosos los centros penitenciarios que tiene a su cargo los cuales están siendo puestos en funcionamiento.
El funcionario dijo que los internos del Inpec tienen mejor calidad de vida que los militares recluidos en Tolemaida, aunque reconoció que hay muchas cosas que ajustar, que le fueron informadas al ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, y a los integrantes de la comisión creada para el mejoramiento de los establecimientos penitenciarios militares.
“Hay muchas cosas que mejorar, hay un empeño infinito del comandante de las FFMM, del comandante del Ejército. Hay una entereza de carácter de aceptar los errores que se cometieron, pero también hay una fe en la causa y que el sistema penitenciario para los militares tome la dirección y el rumbo que deben tomar”, puntualizó el Director del Inpec en diálogo con RCN La Radio.
Sobre el informe del centro de reclusión de militares de Tolemaida, que será entregado en su totalidad en próximos días al Ministro de Defensa, el general Ricaurte manifestó que “él recibió un texto preliminar verbal sobre la situación y que no es lo que se encontró hace algunos meses en relación a la denuncia hecha por medios de comunicación”.
“Existe el interés de mejorar el sistema carcelario y el Ministro quedó con mucho interés de mejorar las condiciones y aceptar las conclusiones del Comité”, enfatizó el oficial.
Texto copiado de www.rcnradio.com - Conozca el original en http://www.rcnradio.com/node/83071#ixzz1KM4gT2vU
sábado, 23 de abril de 2011
lunes, 11 de abril de 2011
MILITARES PRESOS SON PRESOS POLÍTICOS
MILITARES PRESOS SON PRESOS POLÍTICOS
Ricardo Puentes Melo
Por Ricardo Puentes Melo
Hay tres clases de justicia que tienen control -se quiera o no- de todo el ámbito humano: La justicia divina, la justicia natural y la justicia política que es la misma humana.
Mientras que la justicia divina y la natural son inmutables, la justicia política varía de acuerdo a las necesidades de la sociedad, para su protección y supervivencia.
Así, las leyes humanas no son inmutables sino que se constituyen en pactos hechos entre personas libres que se reúnen como nación; pactos que algunas naciones han desarrollado inteligentemente sin esperar a que la inmediatez de los problemas los alcancen, sino que son previstos mucho antes de que tal cosa suceda. Las leyes permiten que las personas independientes y libres vivan en sociedad, respetando la libertad del otro. Esa suma de libertades individuales, con respeto a la ajena, es lo que garantiza un Estado de Derecho donde el bienestar general prime sobre el individual, sin que esto signifique una anulación de la propia libertad.
Eso quiere decir que las leyes deben ser elaboradas pensando en el bienestar de una mayoría, y no en el capricho de unos pocos. Y también significa que los castigos para las violaciones a estas leyes deben garantizar que no se cometan delitos y, si se da el caso, que las penas sean tengan proporcionalidad al daño que se cause a la sociedad.
Significa esto que el daño hecho a la sociedad es la verdadera medida para catalogar el delito y aplicar la pena. Es simple.
Pero en Colombia sucede todo lo contrario. Los defensores de la sociedad son castigados por obedecer el sagrado deber constitucional de proteger la nación, mientras que los ofensores, los delincuentes enemigos de la sociedad son premiados. Y lo más grave, estos últimos son quienes interpretan las leyes en contravía del bienestar de la sociedad y en contubernio con quienes pretenden destruir la nación.
Los bandidos legislando.. El diablo haciendo ostias
Mientras que a un soldado que da de baja a un terrorista se le aplican penas de 40 años por el solo hecho de no haber producido la baja bajo ciertas reglas inventadas recientemente por la minoría que busca el exterminio de nuestros protectores, a un terrorista que masacra poblaciones enteras lo indultan y, de paso, le enciman millones de pesos, becas de estudio es instituciones castrenses (qué ironía..!), vivienda gratis, condiciones especiales para ser elegidos en cargos de elección popular; mientras los grandes medios de comunicación convierten a los criminales en vedettes, cumbres morales de la patria, y hasta editorialistas de esos mismos medios, a los militares los hunden en el ostracismo después de escupirlos públicamente, de injuriarlos y de ponerlos en el paredón para que la opinión, engañada, desahogue sobre ellos toda la furia que los bandidos han sabido alimentar usando –precisamente- los medios y la justicia politizada.
Los grandes medios de comunicación (El Tiempo, El Espectador, Semana, Caracol, RCN), de propiedad de quienes monopolizan todo –hasta la administración de la justicia- han dedicado todos sus esfuerzos para aniquilar moralmente a quienes están del lado de la sociedad, defendiéndola de cualquier forma de opresión. Esos medios son instrumento y propiedad de los bandidos de cuello blanco que diseñan las leyes y ejecutan las penas; esos medios son de propiedad de los verdaderos enemigos del país, de aquellos que hacen alianzas con la mafia, con el terrorismo o con quien sea, siempre y cuando tales acuerdos engorden sus cajas fuertes y prolonguen la ignorancia del pueblo, que es el sacrificado de la ambición desmedida de los poderosos.
Estos grandes medios son de propiedad de las familias que han ordeñado a los colombianos durante los últimos 150 años: Los Santos, los López y los Santodomingo, y todos tienen en común al padrino de la gran mafia narcomasónica: Ernesto Samper Pizano, ayudado por una extensa parentela con innegables dotes de comunicación circense.
¿A qué viene todo esto?
A las afirmaciones mentirosas que ha publicado la revista Semana, de propiedad de los López y dirigida por Alejandro Santos Rubino, sobrino del camarada presidente Juan Manuel, e hijo del comunista y amigo de Tirofijo, Enrique Santos.
Alejandro Santos, Ernesto Samper y Antonio Navarro Wolf. Dios los cría y ellos se juntan
Dice la revista Semana que peligrosos delincuentes (se refiere a los militares), autores de crímenes de lesa humanidad, están recluidos en una especie de hotel de cinco estrellas a la que denominan: “Tolemaida Resort”.
Decidí viajar allí para constatar lo dicho por Semana, aunque esperaba confirmar que Semana seguía difamando porque esa es su esencia.
Asegura Semana que los reclusos militares tienen un negocio fabuloso allí, de millones de millones.
Falso. Los “negocios multimillonarios” de que habla Semana no son más que ventas de huevos, arepas y otras cosas similares. Y no son negocios de los reclusos sino de las familias de ellos que se han visto obligadas a recurrir a esto para poder subsistir. Luchan por una supervivencia en vista de que el Estado no sólo les da la espalda sino que les niegan el derecho al debido proceso y la legítima defensa.
Habla Semana de que el Coronel Hincapié es una especie de “coordinador de teléfonos”, y asegura que hay un soldado que vive en Melgar y tiene una panadería allá. Puras mentiras.
No contentos con eso, la revista que dirige el hijo del amigo de Tirofijo dice que los kioskos son regalados por generales como Montoya o González (y otros más) para sobornar a los reclusos y evitar que cuenten de los supuestos crímenes de los superiores. ¡Una infamia! Los kioskos fueron construidos por los mismos internos, con su trabajo y su dinero, y con permiso del director del centro de reclusión.
Otra mentira de Semana que escandalizó a la opinión es que asegura que los reclusos siguen recibiendo salario del ejército. La verdad es que hay personas que están pensionadas allí, por invalidez… por estar amputadas de piernas y manos en defensa nuestra; son héroes de guerra que han sido víctimas de los terroristas que hoy legislan desde el Congreso o dirigen ONG de Derechos Humanos, o son columnistas de esta gran prensa mentirosa. Son soldados amputados que suman a su desgracia una persecución jurídica con el silencio o la complicidad de algunos mandos que no quieren arriesgar su cargo o que planean su ascenso usando como escaño la sangre y el dolor de estos valientes tratados como escoria.
Las FARC atacan con dinamita a Buenaventura el 24 de marzo de 2010, asesinando civiles y militares. Las ONG de DD.HH y los grandes medios de comunicación guardan silencio, como siempre hacen frente a los crímenes de la narcoguerrilla
Semana sabía muy bien que quienes recibían pensión eran estos soldados amputados, pero guardó malévolamente esta información. Tomó fotos de los discapacitados pero no las publicó. Típica perversidad de quienes aplauden a los ideólogos de las minas quiebrapatas.
Los kioskos fueron construidos para atender a las familias de los reclusos, aquellas que viajaban desde muy lejos y que carecían de dineros para hospedarse en hoteles cercanos. Semana aseguró que estos kioskos eran burdeles y discotecas controlados por el Mayor Juan Carlos Rodríguez y el Mayor Maldonado (otra mentira de la que nos ocuparemos en un capítulo aparte). Nadie ha vivido en los kioskos.. Todos duermen en sus celdas, como pudimos comprobarlo.
Semana también ve “horroroso” que los reclusos posean televisor y cama medio confortable. Considera la revista que dirige el hijo del amigo de Tirofijo, que los militares deben estar en mazmorras, con grilletes y seguramente azotados cuatro veces al día. Pero calla esta revista ante los nexos de sus amigos (incluso uno que otro de sus columnistas) con los terroristas de las FARC; callan ante las masacres cometidas por la guerrilla, callan ante la sevicia con que incineran vivos a policías y militares, callan cuando los descuartizan vivos, callan cuando los hacen volar en mil pedazos, callan cuando asesinan y violan niños y mujeres. Para Semana está mal que un soldado dé de baja a un guerrillero sin uniforme, pero seguramente le parece regio que un miliciano coloque bombas o se dedique a hacer inteligencia para pasar datos a quienes ejecutan los secuestros, masacres y extorsiones.
Todos los reclusos del mundo tienen derecho a tener un televisor y ser tratados dignamente en sus sitios de pena. Todos, excepto los militares, según Semana.
Y, ojo… no hay que olvidar que más del 95% de los militares presos, lo están por actos de servicio, es decir, por irregularidades en combate.
Algo que mucha gente ignora –gracias a los medios de comunicación mencionados- es que los mal llamados falsos positivos no son asesinatos cometidos en personas de bien (para ganar un permiso de vacaciones), sino bajas irregulares del enemigo. Me explico con un ejemplo: Un militar que dé de baja a un bandido, con más de dos disparos, inmediatamente es acusado de “sevicia”, y puede ser judicializado.
Los amigos de la subversión lograron que el ejército dejara de ser dotado con armas de municiones calibre 7.62mm y bajaran a calibre 5.56mm. Las ONG de izquierda consiguieron que entidades internacionales afines presionaran a Colombia para bajar el calibre del ejército de 7.62 a 5.56 disque para “humanizar la guerra”.
Resulta que mientras un disparo con munición 7.62 es letal, con calibre 5.56 no es mortal a menos que se impacte en puntos vitales, como el cráneo. El guerrillero que recibe un disparo con 7.62 cae inmediatamente, pero quien recibe uno calibre 5.56 no cae, a menos que lo llenen de disparos. Pero esto es lo que se prohíbe. Se obliga al soldado a que dispare a gran distancia atinando en un punto vital, y que impacte máximo dos disparos a cada enemigo. Si impacta tres, ya es judicializado por sevicia.
Cuando un militar es asesinado por las FARC, sus compañeros deben meterlo en bolsas plásticas, como un animal; cuando muere un terrorista, el cadáver debe ser custodiado, no debe ser movido, mientras llega la Fiscalía con todo un equipo de gente para el levantamiento
Sin embargo, estas mismas ONG de Derechos Humanos, no dicen nada porque la guerrilla sí usa calibre 7.62, además de minas antipersona, cilindros, bombas, burros-bomba, niños-bomba, y otras barbaridades. Mientras un soldado es puesto preso por dar de baja a un bandido con más de dos balazos, a un guerrillero lo convierten en senador de la República, gobernador de Nariño o candidato presidencial por ordenar masacres, torturar, descuartizar, secuestrar y quemar vivos a magistrados de la Corte Suprema. Mientras a los soldados se les prohíbe el derecho a la defensa y a la libre reunión, a los bandidos se les patrocinan sus partidos políticos con condiciones especiales para que puedan salir elegidos con un número de votos ridículamente bajo. Mientras a los militares se les coarta su derecho a la opinión, a los bandidos los pusieron a redactar la Carta Constitucional que luego les permitiría blindarse y, al mismo tiempo, atacar al ejército desde los estrados judiciales.
Mientras el Coronel Plazas Vega, héroe de la patria que nos salvó de la dictadura comunista, le imponen cadena perpetua por crímenes que no cometió, valiéndose de testigos inexistentes, a los homicidas del M-19 y los narcos que les ayudaron les concedieron dinero, puestos diplomáticos, personería jurídica para su grupos políticos (hoy Polo Democrático y Partido Verde), noticieros de televisión, becas y pensiones millonarias que hoy siguen recibiendo.
Mientras que el general Rito Alejo del Río está a punto de ser condenado por declaraciones “de oídas” de Gloria Cuartas –probadamente socia de las FARC-, y del coronel Velásquez, un militar indigno que proveía de permisos para armamentos a guerrilleros y sicarios milicianos, además del pequeño detalle de ser hermano de Adriana Velásquez, una terrorista del M-19, estos dos oscuros personajes celebran sus victorias junto al cura Giraldo aplaudidos por ONG europeas proclives a las FARC.
Mientras que el almirante Arango Bacci fue acusado de narcotraficante (por fortuna probó su inocencia), uno de quienes lo difamaron hoy está en camino a ser almirante de la Armada, mientras el otro es presidente de la República.
Los bandidos hoy controlan todo el aparato de la Justicia –salvo algunos casos puntuales-, el legislativo y el ejecutivo. Y el ejército está en la mira de ellos.
Si no hacemos algo, pronto tendremos un ejército que lance vivas a Chávez (como ya hay algunos oficiales que lo hacen), e imponiéndonos por la fuerza el comunismo castrista. Si no hacemos algo, los hombres rectos de nuestro ejército seguirán en fila hacia las cárceles mientras que los oficiales corruptos pasan al mando de la tropa.
Si la Reserva Activa del ejército sigue alternando el silencio cómplice con la búsqueda de contratos, Colombia –el último reducto de la resistencia comunista en Latinoamérica- caerá de rodillas frente a Cuba y Venezuela. Que los comunicados de la Reserva Activa no sean casos de esporádicos entusiastas, sino una consecuencia de la concientización y conocimiento de la guerra jurídica, de la guerra irregular de que es víctima el ejército.
A los reclusos que aceptan con gallardía sus condenas infames e injustas no les está quedando otro camino que la desobediencia civil o la huelga de hambre.
A nosotros, los civiles que hemos sido protegidos por nuestro ejército, nos queda la salida de una reforma Constitucional para acabar con la vagabundería criminal de las Cortes.
Porque, que lo sepa Colombia, los militares privados de su libertad no son más que presos políticos. Ojalá cuando decidamos solidarizarnos con ellos, no sea demasiado tarde.
Empecemos a trabajar por una reforma Constitucional. Pero ya, mientras no sea tarde.
Ricardo Puentes Melo
Por Ricardo Puentes Melo
Hay tres clases de justicia que tienen control -se quiera o no- de todo el ámbito humano: La justicia divina, la justicia natural y la justicia política que es la misma humana.
Mientras que la justicia divina y la natural son inmutables, la justicia política varía de acuerdo a las necesidades de la sociedad, para su protección y supervivencia.
Así, las leyes humanas no son inmutables sino que se constituyen en pactos hechos entre personas libres que se reúnen como nación; pactos que algunas naciones han desarrollado inteligentemente sin esperar a que la inmediatez de los problemas los alcancen, sino que son previstos mucho antes de que tal cosa suceda. Las leyes permiten que las personas independientes y libres vivan en sociedad, respetando la libertad del otro. Esa suma de libertades individuales, con respeto a la ajena, es lo que garantiza un Estado de Derecho donde el bienestar general prime sobre el individual, sin que esto signifique una anulación de la propia libertad.
Eso quiere decir que las leyes deben ser elaboradas pensando en el bienestar de una mayoría, y no en el capricho de unos pocos. Y también significa que los castigos para las violaciones a estas leyes deben garantizar que no se cometan delitos y, si se da el caso, que las penas sean tengan proporcionalidad al daño que se cause a la sociedad.
Significa esto que el daño hecho a la sociedad es la verdadera medida para catalogar el delito y aplicar la pena. Es simple.
Pero en Colombia sucede todo lo contrario. Los defensores de la sociedad son castigados por obedecer el sagrado deber constitucional de proteger la nación, mientras que los ofensores, los delincuentes enemigos de la sociedad son premiados. Y lo más grave, estos últimos son quienes interpretan las leyes en contravía del bienestar de la sociedad y en contubernio con quienes pretenden destruir la nación.
Los bandidos legislando.. El diablo haciendo ostias
Mientras que a un soldado que da de baja a un terrorista se le aplican penas de 40 años por el solo hecho de no haber producido la baja bajo ciertas reglas inventadas recientemente por la minoría que busca el exterminio de nuestros protectores, a un terrorista que masacra poblaciones enteras lo indultan y, de paso, le enciman millones de pesos, becas de estudio es instituciones castrenses (qué ironía..!), vivienda gratis, condiciones especiales para ser elegidos en cargos de elección popular; mientras los grandes medios de comunicación convierten a los criminales en vedettes, cumbres morales de la patria, y hasta editorialistas de esos mismos medios, a los militares los hunden en el ostracismo después de escupirlos públicamente, de injuriarlos y de ponerlos en el paredón para que la opinión, engañada, desahogue sobre ellos toda la furia que los bandidos han sabido alimentar usando –precisamente- los medios y la justicia politizada.
Los grandes medios de comunicación (El Tiempo, El Espectador, Semana, Caracol, RCN), de propiedad de quienes monopolizan todo –hasta la administración de la justicia- han dedicado todos sus esfuerzos para aniquilar moralmente a quienes están del lado de la sociedad, defendiéndola de cualquier forma de opresión. Esos medios son instrumento y propiedad de los bandidos de cuello blanco que diseñan las leyes y ejecutan las penas; esos medios son de propiedad de los verdaderos enemigos del país, de aquellos que hacen alianzas con la mafia, con el terrorismo o con quien sea, siempre y cuando tales acuerdos engorden sus cajas fuertes y prolonguen la ignorancia del pueblo, que es el sacrificado de la ambición desmedida de los poderosos.
Estos grandes medios son de propiedad de las familias que han ordeñado a los colombianos durante los últimos 150 años: Los Santos, los López y los Santodomingo, y todos tienen en común al padrino de la gran mafia narcomasónica: Ernesto Samper Pizano, ayudado por una extensa parentela con innegables dotes de comunicación circense.
¿A qué viene todo esto?
A las afirmaciones mentirosas que ha publicado la revista Semana, de propiedad de los López y dirigida por Alejandro Santos Rubino, sobrino del camarada presidente Juan Manuel, e hijo del comunista y amigo de Tirofijo, Enrique Santos.
Alejandro Santos, Ernesto Samper y Antonio Navarro Wolf. Dios los cría y ellos se juntan
Dice la revista Semana que peligrosos delincuentes (se refiere a los militares), autores de crímenes de lesa humanidad, están recluidos en una especie de hotel de cinco estrellas a la que denominan: “Tolemaida Resort”.
Decidí viajar allí para constatar lo dicho por Semana, aunque esperaba confirmar que Semana seguía difamando porque esa es su esencia.
Asegura Semana que los reclusos militares tienen un negocio fabuloso allí, de millones de millones.
Falso. Los “negocios multimillonarios” de que habla Semana no son más que ventas de huevos, arepas y otras cosas similares. Y no son negocios de los reclusos sino de las familias de ellos que se han visto obligadas a recurrir a esto para poder subsistir. Luchan por una supervivencia en vista de que el Estado no sólo les da la espalda sino que les niegan el derecho al debido proceso y la legítima defensa.
Habla Semana de que el Coronel Hincapié es una especie de “coordinador de teléfonos”, y asegura que hay un soldado que vive en Melgar y tiene una panadería allá. Puras mentiras.
No contentos con eso, la revista que dirige el hijo del amigo de Tirofijo dice que los kioskos son regalados por generales como Montoya o González (y otros más) para sobornar a los reclusos y evitar que cuenten de los supuestos crímenes de los superiores. ¡Una infamia! Los kioskos fueron construidos por los mismos internos, con su trabajo y su dinero, y con permiso del director del centro de reclusión.
Otra mentira de Semana que escandalizó a la opinión es que asegura que los reclusos siguen recibiendo salario del ejército. La verdad es que hay personas que están pensionadas allí, por invalidez… por estar amputadas de piernas y manos en defensa nuestra; son héroes de guerra que han sido víctimas de los terroristas que hoy legislan desde el Congreso o dirigen ONG de Derechos Humanos, o son columnistas de esta gran prensa mentirosa. Son soldados amputados que suman a su desgracia una persecución jurídica con el silencio o la complicidad de algunos mandos que no quieren arriesgar su cargo o que planean su ascenso usando como escaño la sangre y el dolor de estos valientes tratados como escoria.
Las FARC atacan con dinamita a Buenaventura el 24 de marzo de 2010, asesinando civiles y militares. Las ONG de DD.HH y los grandes medios de comunicación guardan silencio, como siempre hacen frente a los crímenes de la narcoguerrilla
Semana sabía muy bien que quienes recibían pensión eran estos soldados amputados, pero guardó malévolamente esta información. Tomó fotos de los discapacitados pero no las publicó. Típica perversidad de quienes aplauden a los ideólogos de las minas quiebrapatas.
Los kioskos fueron construidos para atender a las familias de los reclusos, aquellas que viajaban desde muy lejos y que carecían de dineros para hospedarse en hoteles cercanos. Semana aseguró que estos kioskos eran burdeles y discotecas controlados por el Mayor Juan Carlos Rodríguez y el Mayor Maldonado (otra mentira de la que nos ocuparemos en un capítulo aparte). Nadie ha vivido en los kioskos.. Todos duermen en sus celdas, como pudimos comprobarlo.
Semana también ve “horroroso” que los reclusos posean televisor y cama medio confortable. Considera la revista que dirige el hijo del amigo de Tirofijo, que los militares deben estar en mazmorras, con grilletes y seguramente azotados cuatro veces al día. Pero calla esta revista ante los nexos de sus amigos (incluso uno que otro de sus columnistas) con los terroristas de las FARC; callan ante las masacres cometidas por la guerrilla, callan ante la sevicia con que incineran vivos a policías y militares, callan cuando los descuartizan vivos, callan cuando los hacen volar en mil pedazos, callan cuando asesinan y violan niños y mujeres. Para Semana está mal que un soldado dé de baja a un guerrillero sin uniforme, pero seguramente le parece regio que un miliciano coloque bombas o se dedique a hacer inteligencia para pasar datos a quienes ejecutan los secuestros, masacres y extorsiones.
Todos los reclusos del mundo tienen derecho a tener un televisor y ser tratados dignamente en sus sitios de pena. Todos, excepto los militares, según Semana.
Y, ojo… no hay que olvidar que más del 95% de los militares presos, lo están por actos de servicio, es decir, por irregularidades en combate.
Algo que mucha gente ignora –gracias a los medios de comunicación mencionados- es que los mal llamados falsos positivos no son asesinatos cometidos en personas de bien (para ganar un permiso de vacaciones), sino bajas irregulares del enemigo. Me explico con un ejemplo: Un militar que dé de baja a un bandido, con más de dos disparos, inmediatamente es acusado de “sevicia”, y puede ser judicializado.
Los amigos de la subversión lograron que el ejército dejara de ser dotado con armas de municiones calibre 7.62mm y bajaran a calibre 5.56mm. Las ONG de izquierda consiguieron que entidades internacionales afines presionaran a Colombia para bajar el calibre del ejército de 7.62 a 5.56 disque para “humanizar la guerra”.
Resulta que mientras un disparo con munición 7.62 es letal, con calibre 5.56 no es mortal a menos que se impacte en puntos vitales, como el cráneo. El guerrillero que recibe un disparo con 7.62 cae inmediatamente, pero quien recibe uno calibre 5.56 no cae, a menos que lo llenen de disparos. Pero esto es lo que se prohíbe. Se obliga al soldado a que dispare a gran distancia atinando en un punto vital, y que impacte máximo dos disparos a cada enemigo. Si impacta tres, ya es judicializado por sevicia.
Cuando un militar es asesinado por las FARC, sus compañeros deben meterlo en bolsas plásticas, como un animal; cuando muere un terrorista, el cadáver debe ser custodiado, no debe ser movido, mientras llega la Fiscalía con todo un equipo de gente para el levantamiento
Sin embargo, estas mismas ONG de Derechos Humanos, no dicen nada porque la guerrilla sí usa calibre 7.62, además de minas antipersona, cilindros, bombas, burros-bomba, niños-bomba, y otras barbaridades. Mientras un soldado es puesto preso por dar de baja a un bandido con más de dos balazos, a un guerrillero lo convierten en senador de la República, gobernador de Nariño o candidato presidencial por ordenar masacres, torturar, descuartizar, secuestrar y quemar vivos a magistrados de la Corte Suprema. Mientras a los soldados se les prohíbe el derecho a la defensa y a la libre reunión, a los bandidos se les patrocinan sus partidos políticos con condiciones especiales para que puedan salir elegidos con un número de votos ridículamente bajo. Mientras a los militares se les coarta su derecho a la opinión, a los bandidos los pusieron a redactar la Carta Constitucional que luego les permitiría blindarse y, al mismo tiempo, atacar al ejército desde los estrados judiciales.
Mientras el Coronel Plazas Vega, héroe de la patria que nos salvó de la dictadura comunista, le imponen cadena perpetua por crímenes que no cometió, valiéndose de testigos inexistentes, a los homicidas del M-19 y los narcos que les ayudaron les concedieron dinero, puestos diplomáticos, personería jurídica para su grupos políticos (hoy Polo Democrático y Partido Verde), noticieros de televisión, becas y pensiones millonarias que hoy siguen recibiendo.
Mientras que el general Rito Alejo del Río está a punto de ser condenado por declaraciones “de oídas” de Gloria Cuartas –probadamente socia de las FARC-, y del coronel Velásquez, un militar indigno que proveía de permisos para armamentos a guerrilleros y sicarios milicianos, además del pequeño detalle de ser hermano de Adriana Velásquez, una terrorista del M-19, estos dos oscuros personajes celebran sus victorias junto al cura Giraldo aplaudidos por ONG europeas proclives a las FARC.
Mientras que el almirante Arango Bacci fue acusado de narcotraficante (por fortuna probó su inocencia), uno de quienes lo difamaron hoy está en camino a ser almirante de la Armada, mientras el otro es presidente de la República.
Los bandidos hoy controlan todo el aparato de la Justicia –salvo algunos casos puntuales-, el legislativo y el ejecutivo. Y el ejército está en la mira de ellos.
Si no hacemos algo, pronto tendremos un ejército que lance vivas a Chávez (como ya hay algunos oficiales que lo hacen), e imponiéndonos por la fuerza el comunismo castrista. Si no hacemos algo, los hombres rectos de nuestro ejército seguirán en fila hacia las cárceles mientras que los oficiales corruptos pasan al mando de la tropa.
Si la Reserva Activa del ejército sigue alternando el silencio cómplice con la búsqueda de contratos, Colombia –el último reducto de la resistencia comunista en Latinoamérica- caerá de rodillas frente a Cuba y Venezuela. Que los comunicados de la Reserva Activa no sean casos de esporádicos entusiastas, sino una consecuencia de la concientización y conocimiento de la guerra jurídica, de la guerra irregular de que es víctima el ejército.
A los reclusos que aceptan con gallardía sus condenas infames e injustas no les está quedando otro camino que la desobediencia civil o la huelga de hambre.
A nosotros, los civiles que hemos sido protegidos por nuestro ejército, nos queda la salida de una reforma Constitucional para acabar con la vagabundería criminal de las Cortes.
Porque, que lo sepa Colombia, los militares privados de su libertad no son más que presos políticos. Ojalá cuando decidamos solidarizarnos con ellos, no sea demasiado tarde.
Empecemos a trabajar por una reforma Constitucional. Pero ya, mientras no sea tarde.
domingo, 10 de abril de 2011
jueves, 7 de abril de 2011
¡Todos contra el Ejército... pero piden seguridad!
¡Todos contra el Ejército... pero piden seguridad!
Jaime Castaño Torres
La moda de esta semana ha sido darle duro al Ejército por el problema de la prisión de Tolemaida. Darío Arismendi se hace lenguas denunciando este “horrible hecho” y todos le hacen coro, pero a la siguiente noticia piden resultados al Ejército contra la guerrilla, la cual además de la guerra política de esa noticia, gana la guerra jurídica porque todo procedimiento se tilda a priori de Falso Positivo, y ninguno se detiene a pensar con cabeza fría.
Lo primero que es preciso aclarar, es que la cárceles también deben tener dignidad para los reclusos y programas de resocialización, que es una de las finalidades de la pena. Nuestras cárceles son unas mazmorras, en comparación de las americanas, a las que se ha referido Arismendi en Caracol. Lo segundo es que el Ministro del Interior se duele de que no le hayan permitido al Inpec revisar tal establecimiento un día determinado, desconociendo, primero, que se trata de la Base Militar Insignia de nuestro Ejército, por consiguiente su acceso debe ser controlado. Segundo, que el Inpec no tiene la Autoridad Moral para opinar al respecto, primero porque no ha solucionado sus problemas de hacinamiento, su calidad de mazmorras de casi todas las cárceles del País, sus problemas de corrupción, como el más pequeño denunciado de los certificados de estudio y trabajo para los parapolíticos. Es decir, son otra entidad en entredicho, así nos duela.
Lo tercero es que las fotos que aparecen son de las instalaciones de Melgar, unas cabañas que funcionan dentro del complejo, pero fuera del entorno señalado para cárcel. Hay que saber que allí funcionan las escuelas de Lanceros, Escuela de Fuerzas Especiales, y el Centro Nacional de Entrenamiento del Ejército, y tiene que tener alojamientos dignos para los oficiales que allí deben llegar, como los casinos en todas las unidades. Que eventualmente se hayan prestado a algunos reclusos para visitas conyugales, ciertamente no es lo mejor… pero pienso que si se ha hecho es por respetar la dignidad humana del recluso, lo que no hace el Inpec para casos similares o sea las visitas conyugales que como tales deben tener privacidad. Y esa es falla del Inpec de no respetar la dignidad del recluso.
Lo cuarto, es que por qué razón los Militares deben cárceles dentro de sus guarniciones. Es elemental que existe el fuero militar y que sus pares deben purgar sus penas donde no estén al alcance de los bandidos que han perseguido y que se encuentran en los penales corrientes, donde seguramente intentarán cobrar su venganza… porque recordemos que no son ángeles propiamente dichos.
Muchos de los presos del País son inocentes y todos los sindicados deben ser tenidos como tales por mandato de la Ley. Pero cuando de Militares se trata, viene la guerra jurídica de que todas sus actuaciones en combate son falsos positivos y por ello deben ser recluidos en cárceles comunes a lo que no se opone nadie, cuando sean condenados conforme a derecho. Pero mientras tanto son sindicados, víctimas de la guerra jurídica que ha montado la guerrilla a través de algunas ONG que predican que los Derechos Humanos son sólo para los guerrilleros, cuando en realidad debieran ser para Los Humanos Derechos.
Y termino preguntando: ¿Cómo le exigimos a un Ejército que combata con amor a la Patria, si sabe que su actuación en combate siempre tendrá la mácula de un falso positivo orquestado por todos contra ellos? No señores. Es preciso respaldar a nuestro Ejército en éste difícil momento coyuntural, porque si hubo una falla en Tolemaida en uno o dos casos, no todo el Ejército es el que ha fallado. Y pregunto: ¿Cuántos de esos acérrimos críticos tendrían la fuerza física suficiente, el valor suficiente para colgarse un morral con 35 kilos de peso, a salir al monte a combatir contra la guerrilla, exponiendo sus vidas para el bienestar de toda la sociedad, a soportar la inclemencia del tiempo, del terreno y además a soportar el dedo señalador de que es un delincuente? Es preciso reconocer que casi ninguno prestó ese servicio a la Patria cuando le tocaba, pero hoy cómodamente critican desde la comodidad de un micrófono, con vigilancia en la puerta y todas comodidades que le depara la fortuna de tener esa profesión de crítico.
Y la escogencia es simple: ¿Quieren un Ejército combatiendo con moral? Respaldémoslo en estos momentos críticos. ¿O Quieren que Colombia sucumba ante la guerrilla? Bien pueden escoger… pero no con la calentura de una denuncia por un solo hecho desafortunado. ¡Piénsenlo primero y juzguen con cabeza fría!
Si hay fallas son casos aislados y no puede juzgarse a toda la institución por ellas. Tampoco estoy de acuerdo con la burlona campaña que hace Arismendi contra el General Navas, porque defiende a sus hombres. Si un General no defiende sus hombres... ¿cómo puede esperar que ellos lo defiendan y defiendan la Patria? Ese es el primer deber del mando: Cuidar al subalterno.
Amigos lectores: ¿Recuerdan las afugias del monte cuando prestaron su servicio militar? Entonces contesten mis interrogantes como debe ser: ¡Viva el Ejército de Colombia! ¡Abajo la campaña de desprestigio y desmoralización orquestada por la prensa!
La moda de esta semana ha sido darle duro al Ejército por el problema de la prisión de Tolemaida. Darío Arismendi se hace lenguas denunciando este “horrible hecho” y todos le hacen coro, pero a la siguiente noticia piden resultados al Ejército contra la guerrilla, la cual además de la guerra política de esa noticia, gana la guerra jurídica porque todo procedimiento se tilda a priori de Falso Positivo, y ninguno se detiene a pensar con cabeza fría.
Lo primero que es preciso aclarar, es que la cárceles también deben tener dignidad para los reclusos y programas de resocialización, que es una de las finalidades de la pena. Nuestras cárceles son unas mazmorras, en comparación de las americanas, a las que se ha referido Arismendi en Caracol. Lo segundo es que el Ministro del Interior se duele de que no le hayan permitido al Inpec revisar tal establecimiento un día determinado, desconociendo, primero, que se trata de la Base Militar Insignia de nuestro Ejército, por consiguiente su acceso debe ser controlado. Segundo, que el Inpec no tiene la Autoridad Moral para opinar al respecto, primero porque no ha solucionado sus problemas de hacinamiento, su calidad de mazmorras de casi todas las cárceles del País, sus problemas de corrupción, como el más pequeño denunciado de los certificados de estudio y trabajo para los parapolíticos. Es decir, son otra entidad en entredicho, así nos duela.
Lo tercero es que las fotos que aparecen son de las instalaciones de Melgar, unas cabañas que funcionan dentro del complejo, pero fuera del entorno señalado para cárcel. Hay que saber que allí funcionan las escuelas de Lanceros, Escuela de Fuerzas Especiales, y el Centro Nacional de Entrenamiento del Ejército, y tiene que tener alojamientos dignos para los oficiales que allí deben llegar, como los casinos en todas las unidades. Que eventualmente se hayan prestado a algunos reclusos para visitas conyugales, ciertamente no es lo mejor… pero pienso que si se ha hecho es por respetar la dignidad humana del recluso, lo que no hace el Inpec para casos similares o sea las visitas conyugales que como tales deben tener privacidad. Y esa es falla del Inpec de no respetar la dignidad del recluso.
Lo cuarto, es que por qué razón los Militares deben cárceles dentro de sus guarniciones. Es elemental que existe el fuero militar y que sus pares deben purgar sus penas donde no estén al alcance de los bandidos que han perseguido y que se encuentran en los penales corrientes, donde seguramente intentarán cobrar su venganza… porque recordemos que no son ángeles propiamente dichos.
Muchos de los presos del País son inocentes y todos los sindicados deben ser tenidos como tales por mandato de la Ley. Pero cuando de Militares se trata, viene la guerra jurídica de que todas sus actuaciones en combate son falsos positivos y por ello deben ser recluidos en cárceles comunes a lo que no se opone nadie, cuando sean condenados conforme a derecho. Pero mientras tanto son sindicados, víctimas de la guerra jurídica que ha montado la guerrilla a través de algunas ONG que predican que los Derechos Humanos son sólo para los guerrilleros, cuando en realidad debieran ser para Los Humanos Derechos.
Y termino preguntando: ¿Cómo le exigimos a un Ejército que combata con amor a la Patria, si sabe que su actuación en combate siempre tendrá la mácula de un falso positivo orquestado por todos contra ellos? No señores. Es preciso respaldar a nuestro Ejército en éste difícil momento coyuntural, porque si hubo una falla en Tolemaida en uno o dos casos, no todo el Ejército es el que ha fallado. Y pregunto: ¿Cuántos de esos acérrimos críticos tendrían la fuerza física suficiente, el valor suficiente para colgarse un morral con 35 kilos de peso, a salir al monte a combatir contra la guerrilla, exponiendo sus vidas para el bienestar de toda la sociedad, a soportar la inclemencia del tiempo, del terreno y además a soportar el dedo señalador de que es un delincuente? Es preciso reconocer que casi ninguno prestó ese servicio a la Patria cuando le tocaba, pero hoy cómodamente critican desde la comodidad de un micrófono, con vigilancia en la puerta y todas comodidades que le depara la fortuna de tener esa profesión de crítico.
Y la escogencia es simple: ¿Quieren un Ejército combatiendo con moral? Respaldémoslo en estos momentos críticos. ¿O Quieren que Colombia sucumba ante la guerrilla? Bien pueden escoger… pero no con la calentura de una denuncia por un solo hecho desafortunado. ¡Piénsenlo primero y juzguen con cabeza fría!
Si hay fallas son casos aislados y no puede juzgarse a toda la institución por ellas. Tampoco estoy de acuerdo con la burlona campaña que hace Arismendi contra el General Navas, porque defiende a sus hombres. Si un General no defiende sus hombres... ¿cómo puede esperar que ellos lo defiendan y defiendan la Patria? Ese es el primer deber del mando: Cuidar al subalterno.
Amigos lectores: ¿Recuerdan las afugias del monte cuando prestaron su servicio militar? Entonces contesten mis interrogantes como debe ser: ¡Viva el Ejército de Colombia! ¡Abajo la campaña de desprestigio y desmoralización orquestada por la prensa!
Rechazamos estas amenazas y violaciones al DH por parte de las FARC y sus amigos.
LA FUNDACION HEROES VISIBLES pone en conocimiento de las autoridades, de la comunidad internacional y de todos los colombianos de bien, las graves amenazas que los NARCOTERRORISTAS DE LAS FARC. Hacen contra nuestro representante legal, defensor de derechos humanos y lider del comite de las victimas de la guerrilla.
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| pone en conocimiento de las autoridades, de la comunidad internacional y de todos los colombianos, las graves amenazas que la banda terrorista farc hizo contra el defensor de derechos humanos, líder de las víctimas de la guerrilla, doctor JAIME ARTURO RESTREPO RESTREPO. |
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