El comunismo criollo no se resigna en su campaña de destrucción de las FF.MM. atendiendo los lineamientos del Foro de Sao Paulo, ahora enfoca sus baterías contra el derecho fundamental a la defensa que constitucionalmente le asiste a los militares incursos en investigaciones penales adelantadas por la jurisdicción ordinaria.
Con su actividad insidiosa el PC3 logró que el militar fuera sustraído de su juez natural, artículo 221 de la Constitución, mediante un acuerdo burocrático del Ministerio de la Defensa y la Fiscalía General de la Nación, ni siquiera mediante una norma legal sino el intercambio de unos memorandos. Ahora la justicia ordinaria usurpó las funciones de la jurisdicción penal militar, en detrimento de las garantías procesales que deben rodear al personal militar en los procesos a que deben acudir.
Por si fuera poco, el militar es sometido a tortuosos procesos en medio del escarnio público que los juicios mediáticos crean en torno a los procesos penales que pasan a conocimiento de la jurisdicción ordinaria, jueces y fiscales, al cual más, opinan, argumentan y filtran informaciones para que sobre el militar penda una presunción de culpabilidad, de tal manera que si resultare absuelto o se precluyere el proceso, inmediatamente pueda hablarse de impunidad y mantener políticamente la presunción de culpa sobre la institución militar.
El perverso sesgo ideológico que Jaime Pardo Leal le inyectó al poder judicial, encontró su continuidad en magistrados como Carlos Gaviria Díaz y otros que elevaron al altar del altruismo y el humanismo el accionar criminal de las narcoguerrillas y de simple disensión política el auspicio político e ideológico a las mismas, mientras quienes han sufrido ese accionar y han combatido a las estructuras delincuenciales, se les da un tratamiento social y legal de verdaderos criminales.
Para el poder judicial es altruista y humanista lanzar cilindros bomba contra humildes viviendas campesinas, asesinar mujeres y niños mediante el uso de francotiradores como ha sucedido en el Cauca, colocar minas antipersonal en los caminos veredales y secuestrar niños y niñas para utilizarlos como carne de cañón o instrumento de satisfacción sexual por parte de los cabecillas de las estructuras narcoterroristas; es simple expresión política el llamar a los jóvenes universitarios a sumarse a las filas delincuenciales o pedir el aislamiento del país por no compartir el ‘ideario bolivariano’ promulgado por las Farc. La parapolítica es un delito pero la farcpolítica es disensión humanitaria.
Ahora el objetivo de las Farc, el PC3 y los idiotas útiles del narcoterrorismo es el derecho a la defensa de los militares; ante la arremetida jurídico-política se creó la Defensoría Militar Integral DEMIL, que ha logrado en numerosos casos demostrar la inocencia de militares falazmente acusados por las ONG y colectivos de abogados al servicio del comunismo criollo y el narcoterrorismo, hecho que sin duda fastidió los planes de una victoria pronta de los enemigos de la democracia para destruir las FF.MM., conforme al cronograma trazado por el citado Foro de Sao Paulo.
De tal manera que debe destruirse a DEMIL y con ella el ejercicio del derecho a la defensa del militar, argumento que absurdamente recoge hasta el señor Christian Salazar, alto comisionado de la ONU, desconociendo los más elementales principios consagrados en la Carta de esa organización, señalando que el ejercicio de ese derecho obstaculiza y dilata los procesos contra los militares, exigiendo para estos ciudadanos la aplicación de juicios sumarios en los que el único argumento válido es el acusatorio, aún cuando este se fundamente en especulaciones no probadas fáctica o jurídicamente.
Mientras en el Sistema Penal Acusatorio hay más de un millón de procesos represados y cada día es más evidente su fracaso, lo que constituye una negación de justicia por parte del Estado, los idiotas útiles hacen coro a las consignas del PC3 y las Farc para destruir la Justicia Penal Militar y dejar inerme e indefenso al militar en la guerra jurídico-política que después los convertirá a ellos mismos en víctimas si se impusiera el modelo totalitario y narcoterrorista que el comunismo quiere imponer en el país.
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